Estructuras offshore creadas por Maciel eran legales y “han sido cerradas”, responden Legionarios

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Los Legionarios de Cristo, la congregación católica fundada por el polémico sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, aseveró hoy que las estructuras offshore que tuvo en distintos paraísos fiscales operaron “conforme a la legalidad” y subrayó que fueron creadas durante la dirección de Maciel, pero que “han sido cerradas”.

Ayer, un reportaje elaborado en el marco de la investigación global Paradise Papers -en la que participa Proceso-, reveló que Maciel creó dos sociedades de papel en las Bermudas desde principios de los años 90, en el momento en que los Legionarios de Cristo expandían su imperio educativo en el mundo. Actualmente, la estructura educativa provee alrededor de 600 millones de dólares de ingresos al grupo religioso.

En un comunicado, los Legionarios de Cristo declararon que sus obras educativas “operan con transparencia, tienen sus cuentas auditadas y observan las disposiciones legales y fiscales de los respectivos países”. Y aseguraron que “no tienen relación u operaciones con sociedades offshore”.

Durante las semanas previas a la publicación de la investigación, la congregación se negó a proporcionar su versión sobre las sociedades de papel de las Bermudas y un fondo fiduciario establecido en las Islas Vírgenes Británicas, que aparecieron en los archivos internos de Appleby, el despacho especializado en servicios offshore con sede en la isla caribeña.

En su boletín, la organización religiosa negó que una de las sociedades señaladas -llamada International Volunteer Services- haya manejado “fondos económicos” (sic); sin embargo, en el documento no se hace ni una mención a la otra sociedad de papel, llamada The Society for Better Education.

El reportaje mostró que Maciel colocó en su estructura offshore a los sacerdotes mexicanos y extranjeros que integraban el primer círculo de poder de los Legionarios de Cristo, y que ésta era otra de las muchas operaciones en paraísos fiscales que realizó la congregación a lo largo de las últimas dos décadas.

El grupo religioso planteó que considera ilícitos “la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro”.

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