Exigen a INE ver nexo fiscalizador-Meade

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Una de las medidas que deben adoptar el INE y el Trife para garantizar que en las elecciones de este año no habrá fraude es determinar si el funcionario encargado de fiscalizar los gastos de los partidos tiene o no cercanía con José Antonio Meade, exigieron intelectuales y activistas.

Encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, exigieron a los titulares de ambas autoridades, Lorenzo Córdova y Janine Otálora, indagar si Lizandro Núñez, nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, incurre en un conflicto de interés por su relación con el abanderado presidencial priista, de quien fue subordinado directo en la Secretaría de Hacienda.

En caso de que se corrobore dicha irregularidad administrativa, exigieron, el funcionario debe ser removido de su cargo.

“(Se debe) investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular”, pidieron a través de una carta entregada hoy a ambas autoridades.

La demanda forma parte de las “exigencias mínimas” para salvaguardar la legalidad de la elección que formuló un colectivo integrado por los fundadores del PRD Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Alejandro Encinas, así como los escritores Juan Villoro y Elena Poniatowska, los investigadores Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer y el experto electoral Eduardo Huchim, entre otros.

Los firmantes pidieron que la UTF del INE publique periódicamente informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos y que se permita a los ciudadanos aportar pruebas en materia de fiscalización.

Exigieron la pérdida de registro de los partidos que rebasen los topes de gastos de campaña y que tanto el INE como el Trife se coordinen con el Sistema Nacional Anticorrupción para evitar el uso de los programas sociales con fines electorales.

“(Se debe) instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que, es preciso, cumpla sus objetivos”, pidieron.

“(Se requiere) coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto”.

Los firmantes argumentaron que los mexicanos han sido testigos del dispendio de recursos públicos para la compra y coacción del voto que han vuelto ilegítimos los resultados de los procesos electorales.

Sin embargo, subrayaron, la sociedad ya no soportaría otro fraude y ello podría conducir a una grave crisis.

“El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país”, advirtieron.

“Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país”.

Señalaron que las autoridades electorales deben dar prueba de su autonomía, y adelantaron que, de no ser atendidas sus demandas, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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