La libertad de expresión en Yucatán se ha visto manipulada por los más poderosos quienes pretenden que un medio de comunicación debe estar a merced de sus necesidades e intereses políticos.

Aunque ha pasado en años anteriores, recientemente se dio a conocer que varios medios de comunicación han sido amenazados y hasta denunciados por funcionarios a quienes no les agrada que la verdad salga a luz.

Pretenden acallar las voces, ocultar su corrupción con dinero sucio; sin embargo, como a algunos no les ha funcionado recurren a las instancias del Poder Judicial para ocultar sus fechorías que desatinadamente están apoyados por los mismos políticos y altos funcionarios.

Sin duda una red de delincuencia que ahora le pega al poco periodismo yucateco que si tiene la intención de no estar a merced del dinero y poder de cualquier funcionario y que se arma de valor para ir en busca de la verdad que le abra los ojos al mundo de lo que vive en realidad el estado sureño de México.

Amenazas, denuncias y acoso han tenido que soportar directivos de medios de comunicación y periodistas, a quienes intentan obligar a “desparecer” una nota informativa que atenta contra la “buena imagen” de alguna figura pública o cualquier persona con un buen recurso.

Lo preocupante aquí es que, la propia Fiscalía estatal insta en silenciar a la prensa y mantener procesos judiciales como represalias, mismas que implican cargas desproporcionadas a las y los periodistas, principalmente cuando las contrapartes son personas funcionarias públicas o personas con proyección pública.

Es por ello, que la agrupación Artículo 19 encuentra preocupante estar frente a un contexto de violencia grave contra la prensa deriva de su ejercicio de libertad de expresión.

Además, insta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para actuar conforme a sus facultades e iniciar la queja correspondiente por el acoso judicial ejercido contra los medios de comunicación en término de su labor.

Y hace un llamado al Mecanismo de Protección a impulsar acciones para prevenir que estas amenazas de acciones legales se puedan materializar contra las y los periodistas que dirigen los medios de comunicación.