El Banco del Bienestar ha suscrito un contrato por 3 mil millones de pesos con Triara, una filial de Telmex, después de cambiar a su proveedor de servicios de internet debido a irregularidades.

El proveedor anterior, Sixsigma Networks México, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por diversas irregularidades en la gestión opaca de grandes sumas de dinero. Triara ahora proporciona servicios para los tres edificios centrales del banco estatal, 2 mil sucursales en todo el país, mil 796 cajeros automáticos, 11 módulos para inmigrantes y 94 oficinas ensobretadoras, desde el 3 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de este año.

A pesar de las observaciones previas de la ASF sobre Triara por servicios similares prestados a la Secretaría de Salud en 2021, el Banco del Bienestar firmó el contrato con la empresa. La ASF había detectado irregularidades que podrían haber causado un daño potencial a la Hacienda pública federal por 7 millones 961 mil pesos en un contrato de 957 millones de pesos.

La Auditoría señaló que Triara aplicó costos distintos para los servicios sin justificación, generando una diferencia de casi 8 millones de pesos. Además, la falta de pormenorización en el contrato sobre el “servicio de internet” dificultó la verificación de la realización de los servicios según la propuesta económica del proveedor.

Antes de este contrato, el Banco del Bienestar había subcontratado dos centros de datos con Sixsigma Networks México, cuya gestión fue criticada por deficiencias y falta de transparencia. En 2021, la ASF instó al banco a investigar el gasto de 3 mil 753 millones 385 mil 200 pesos destinados a equipamiento tecnológico no permanente.

El contrato actual con Triara, que finalizará en diciembre de 2024, abarca servicios para el Centro de Datos principal y alterno, oficinas para continuidad operativa en caso de desastre, software, telecomunicaciones y servicios generales de infraestructura, incluida la seguridad. La empresa de Carlos Slim se compromete a proporcionar centros de datos distribuidos en la República Mexicana, estableciendo un Centro de Datos Principal y uno Alterno con una distancia mínima de 50 kilómetros entre ambos.