El sistema de seguridad pública en Campeche, bajo el gobierno de Morena, se enfrenta a una crisis sin precedentes, marcando cuatro días de disturbios que han generado una de las situaciones más complejas en la historia del estado. La toma de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad por parte de policías estatales y municipales, exigiendo mejores condiciones laborales y la renuncia de la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez, ha dejado al descubierto una serie de problemas estructurales.

La crisis estalló tras un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, donde varios agentes, principalmente mujeres, resultaron heridos al ser enviados sin el equipo adecuado, como escudos y protección personal, en una operación mal gestionada. La presencia de al menos 30 mujeres policías, enviadas al penal sin información adecuada sobre la situación, puso en riesgo la vida de los agentes y generó tensiones adicionales.

La grave crisis policíaca en Campeche, reflejo del modelo qbe banalidad e indiferencia hacia la realidad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el tema central de la mesa de análisis del sitio web de noticias ”Formato 07”, que conduce a las 8 de la mañana el periodista Roger Cornelio se reflexionó sobre el caso de “la chilanga impuesta a los campechanos” como jefa policiaca: Marcela Muñoz Martínez, quien en su comparecencia ante el Congreso del Estado, minimizó la gravedad de la situación, lo que ha avivado la indignación entre los agentes en protesta y la falta de un canal oficial de diálogo con las autoridades ha profundizado la crisis.

A pesar de las amenazas y la intimidación hacia los manifestantes, la solidaridad de médicos, asociaciones de apoyo psicológico y la ciudadanía en general hacia los agentes lesionados y los que mantienen la toma de las instalaciones de seguridad ha sido notable.

Sin embargo, la situación de seguridad pública en Campeche sigue deteriorándose, con un aumento preocupante en la percepción de inseguridad según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Datos del Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común muestran un aumento en delitos de alto impacto, incluyendo homicidios, durante el último año.

Estas cifras ponen en entredicho el desempeño del gobierno de Layda Sansores Sanromán, cuya gestión ha visto un aumento constante en la percepción de inseguridad por parte de la población, reflejando un claro desafío en la gestión de la seguridad en el estado (continuará).