Este sábado los policías de Campeche cumplieron 20 días de paro, en protesta por los malos tratos que el gobierno de Morena les prodiga. La titular del ejecutivo, Layda Sansores Sanromán, defiende a capa y espada la imposición de mandos de seguridad foráneos, bajo cuyo manto la corrupción, violencia y crimen organizado registra un impune crecimiento.

Los sospechas de colusión del gobierno morenista de Campeche con el crimen organizado mantiene en alerta a Yucatán, pues el nombre de Layda Sansores se menciona detrás del intento de homicidio con arma blanca a uno de sus principales críticos en la entidad, el comediante Ricardo Andrés Baeza Urcelay, más conocido como “Taco de ojo”, quien ha denunciado los ataques de la campechana contra los principales patrocinadores de la campaña a la gubernatura de Joaquín Díaz Mena, lo que llamó “fuego amigo”.

En medio del conflicto generado por el paro sostenido desde el 16 de marzo por parte de los policías estatales en Campeche, se ha dado a conocer que más de mil 250 agentes han tramitado amparos ante la Federación, para protegerse de posibles represalias laborales o penales por parte de Layda Sansores, quien pretende politizar la demanda de los policías argumentando que aspirantes al senado por partidos ajenos a Morena están detrás de la demanda de justicia de los uniformados.

Como hemos informado, la situación se tornó tensa después de que Sansores Sanromán anunciara el despido de nueve policías, cuyas identidades no fueron reveladas. Sin embargo, los agentes aún no han recibido ninguna notificación oficial sobre su situación laboral.

El origen del conflicto se remonta a un operativo fallido de traslado de reos del penal de Koben, el cual desencadenó una violenta protesta por parte de los internos, resultando en la agresión de numerosos policías, que se encontraban mal equipados para enfrentar la situación. El saldo fue de al menos 50 agentes lesionados.

Además, las mujeres policías heridas aún no han recibido el apoyo médico y psicológico necesario, según han denunciado algunos de los propios agentes.

José Alejandro Grajales, uno de los comandantes en protesta, informó que son más de mil los policías que se encuentran en paro y que han solicitado amparos legales contra los despidos anunciados por las autoridades.

Estos recursos legales, interpuestos ante un juez de distrito, servirán para proteger a los policías de posibles abusos por parte del gobierno, incluyendo amenazas, coacciones, intimidaciones, recortes salariales, relaciones laborales injustas y despidos injustificados.

“Nos mantendremos firmes”, declaró el comandante, quien aseguró que los ciudadanos de Campeche continúan brindándoles su apoyo a pesar de las presiones gubernamentales.