Blanca Lilia Ibarra, comisionada delInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hizo un llamado a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema de Justicia Penal, como uno de los objetivos principales de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas”.
En su participación durante el quinto “Conversatorio de Alto Nivel. Relevancia de la Agenda 2030 en tiempos de covid-19: Paz, justicia e instituciones para no dejar a nadie atrás”, Ibarra Cadena indicó que dentro de los retos puntuales para el SNA está el pasar de la homologación de marcos legales a la implementación efectiva y del establecimiento de las bases de coordinación a la ejecución de respuestas del Estado eficaces en casos de corrupción.
De cara al proceso electoral de 2021, la comisionada del INAI mencionó que es importante mantener dicho sistema “sin politizar”, desde los nombramientos de las personas servidoras públicas hasta los procesos específicos en casos de gran resonancia mediática, puntualizando que “es importante también que se establezcan parámetros de actuación hacia los futuros y futuras candidatas a un cargo de elección popular”.
En cuanto al Sistema de justicia sostuvo que es relevante garantizar su correcto funcionamiento para prevenir y erradicar la violencia en el país. “El Estado mexicano debe asegurar lo que ya está planteado en la estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales”, afirmó .
Recalcó que el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de justicia penal representa el objetivo 16 de la agenda 2030 y que este es el “habilitador” del resto de las metas de desarrollo sostenible. Por su parte, Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, aseveró que para fortalecer el SNA cada una de las instancias que lo integran deben cumplir con su función: la Secretaría de la Función Pública, fiscalizar el gasto y sancionar en materia administrativa; la Fiscalía Anticorrupción, investigar los delitos, y los Jueces, sancionarlos.
“El Sistema no es nada que no tenga cualquier democracia funcional en el mundo: un conjunto de instituciones que previenen y sancionan la corrupción”, las cuales deben coordinarse y asegurar que cuando se “traicione la confianza de la sociedad” por actos de corrupción se investiguen y se sancionen apropiadamente. Mientas que Salomé Flores Sierra, Oficial Nacional del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apuntó que “la lucha efectiva contra la corrupción y la reducción de la impunidad tiene un alto grado de responsabilidad desde el fortalecimiento de las instituciones”.