México requiere una mayor participación de su sociedad civil organizada para detener los crecientes niveles de corrupción e impunidad en el país, en especial con una mayor incidencia en las decisiones que se toman en los congresos.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, afirmó que en el México actual ya no basta con sólo emitir una opinión o un posicionamiento, sino que es necesario que organismos como cámaras empresariales, colegios de profesionistas, diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso universidades echen mano de herramientas legales para denunciar y castigar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.

Asimismo, es necesario que este tipo de organizaciones, apoyadas en sus conocimientos y experiencia, integren propuestas para que sus miembros puedan llegar a los congresos e incidir en las decisiones de interés nacional en favor de la sociedad.

En el marco de la presentación del libro ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune, editado por México Justo, en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, Pérez Góngora dijo que las opiniones fundadas de estos organismos, así como una creciente vigilancia de la sociedad organizada al Congreso, será vital para México en los próximos años.

Al denunciar que los niveles de corrupción en México se han incrementado en los años recientes, dijo que es necesario que organizadamente todos exijamos una mayor capacidad a los legisladores del país, “ya que las organizaciones empresariales, profesionistas e incluso las universidades del país son entes apartidistas pero no apolíticos y deberían ser más participativos”.

Por su parte, Tania Edith Reyes García, secretaria ejecutiva de México Justo, coordinadora de la publicación presentada y autora de uno de los capítulos, manifestó que la aplicación del estado de derecho en México continúa siendo un asunto de cultura de la población en la que los 14 grupos vulnerables del país tienen incluso mayores desventajas frente a la población en general.

Un considerable reto para los impartidores de justicia en México será, agregó, el cambio de procedimientos y las condiciones para que todos los grupos sociales, por igual, tengan acceso a la correcta aplicación de la ley y consecutivamente a la justicia.

En tanto, Luis Fernando Flores, catedrático del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y autor de uno de los capítulos de ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune, aseveró que diversos especialistas y organizaciones internacionales consideran que en México es necesario dar inicio de un proceso para desmilitarizar al país, como una condición para poder configurar una exitosa estrategia integral de seguridad.

Mientras en organizaciones internacionales se considera que México efectivamente ha vivido un proceso de militarizaciones de su seguridad pública y advierte sobre sus riesgos, a nivel nacional el sistema judicial ha sido más complaciente con esta idea.

El especialista dijo que el proceso de militarización, según organismos especializados, ha propiciado un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos en actos de justicia.

Finalmente Dulce Albarrán Macías, doctora por la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de otro capítulo de la obra, externó que el aumento de la corrupción no es un problema exclusivo de México sino realmente un fenómeno internacional.

Destacó el uso de la tecnología para establecer estrategias que han reducido los niveles de corrupción en el sector público.

La presentación del libro corrió a cargo de Genaro Góngora Pimentel, presidente del Consejo Académico de México Justo, quien aseguró que la participación de la sociedad civil en la procuración de justicia debe ser un fenómeno más intenso y cuyo estudio debe quedar consignado con base en obras como ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune.